Es un paso en la buena dirección, pero en ningún caso debe considerarse la mejor solución. Aún podemos hacerlo mejor.
ACT 4 SA cree en soluciones alternativas al mantenimiento del orden. El tamaño y el alcance de las fuerzas del orden en nuestra comunidad y en todo Estados Unidos han sido demasiado grandes durante demasiado tiempo. También creemos que los empresarios deben cuidar de sus empleados. Cuando un empleado trabaja muchas horas en un trabajo difícil y estresante, pero sigue teniendo dificultades económicas, puede volverse irritable e incluso violento con los reclusos, la familia y otros empleados.
Francamente, $30.000 anuales no es suficiente para que alguien mantenga a una familia sea cual sea el tipo de empleo. Nuestra ciudad o condado no puede lograr una aplicación de la ley responsable y compasiva si no se asegura de cuidar a esos empleados con grandes beneficios, salario y reglas claras y transparentes para la disciplina. Al mismo tiempo, esto no excusa la agresión injusta por parte de cualquiera que haya prestado juramento de proteger a su comunidad. Esta parte del acuerdo tiene que ir de la mano de una total transparencia, responsabilidad y disciplina firme.
Nos alegramos de que el clamor de la comunidad durante el año pasado contra los árbitros externos que utilizan opiniones subjetivas para reincorporar a cualquier agente, ya sea policía o ayudante del sheriff, haya traído cambios a los debates en torno a la negociación colectiva.
La Comisión de Servicio Civil ha sido una opción para apelar a una terminación o suspensión. Lamentablemente, sabemos que las fuerzas del orden se han puesto del lado de árbitros que no representan a nuestra comunidad porque tienen más posibilidades de recuperar su trabajo incluso después de las faltas más atroces. Nosotros, como comunidad, merecemos poder opinar sobre quién nos sirve a nosotros y a nuestros seres queridos.
Una junta de revisión civil para la aplicación de la ley del condado ha sido durante mucho tiempo atrasada, pero tenemos que tener cuidado con el hecho de que esta junta se asemeja mucho a una que tenemos a nivel de la ciudad para SAPD que la Universidad Rice nombró el peor sistema de supervisión civil de las 5 principales ciudades de Texas en 2020. Esto se debe a que esta junta asesora sólo tiene poderes básicos de revisión, y no responsabilidades de auditor o monitor como otras ciudades. Eso significa que la junta no es capaz de dar recomendaciones políticas ni realizar investigaciones independientes. También debe quedar claro que el consejo puede recomendar medidas disciplinarias, pero no tomar decisiones por sí mismo. Por último, el consejo se rige por el convenio colectivo, lo que significa que no es realmente independiente de la influencia de la asociación de diputados.
Es un paso en la buena dirección, pero en ningún caso debe considerarse la mejor solución. Aún podemos hacerlo mejor.