En lugar de invertir en más agentes, deberíamos invertir en programas e iniciativas que aborden la pobreza, la inestabilidad de la vivienda, la inseguridad alimentaria, la educación y la interrupción de la violencia.
Esta decisión es aún más decepcionante si se tiene en cuenta que la Legislatura de Texas ha aprobado el proyecto de ley HB 1900 (que penaliza económicamente a las ciudades más grandes del estado si recortan sus presupuestos policiales).
San Antonio se enfrenta ahora a sanciones si nuestros electores deciden que tenemos que reducir nuestro presupuesto de aplicación de la ley para financiar necesidades más críticas de la comunidad como las mencionadas anteriormente.
Con el objetivo de desviar ciertas llamadas de la policía, desescalar situaciones de salud mental que han acabado en muerte; y un objetivo secundario de mantener el presupuesto policial por debajo de un determinado porcentaje para priorizar las necesidades fundamentales de la comunidad, un aumento del presupuesto policial es irresponsable en estos momentos. Un programa piloto de respuesta a las crisis de salud mental que no haga todo lo posible por reducir el papel de las fuerzas del orden es irresponsable y carente de compasión.
Es un mensaje a la comunidad de San Antonio de que nuestros oficiales del SAPD no operan bajo la noción de rendición de cuentas, ni de responsabilidad fiscal.
Aún no está claro cuáles serán nuestros ingresos con la pandemia en curso para el año que viene. Es posible que haya que hacer ajustes, y no podemos permitirnos las sanciones que se nos impondrían si tuviéramos que reasignar fondos del SAPD en el futuro.
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